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La próxima vocera de Gobierno, Mara Sedini, desató una intensa controversia en el Congreso tras revelar que el nombramiento de la exfiscal Trinidad Steinert como ministra de Seguridad Pública fue producto de conversaciones que se extendieron por «un buen tiempo». Aunque Sedini descartó la existencia de una «doble agenda» y aseguró que no se puso en riesgo la autonomía del Ministerio Público, parlamentarios del actual oficialismo manifestaron su preocupación por el posible conflicto de interés.
Desde las filas del Partido Socialista y el PPD, diputados como Raúl Leiva y Jaime Araya calificaron la situación como compleja, advirtiendo sobre la falta de una separación absoluta entre la persecución penal y la función política. El diputado Daniel Manouchehri fue más allá, tildando el reconocimiento de Sedini como «extremadamente grave» y exigiendo transparencia total sobre cuándo iniciaron los contactos, especialmente considerando que la Fiscalía mantiene investigaciones vigentes sobre figuras cercanas al presidente electo.
En contraste, representantes de la UDI y el Partido Nacional Libertario salieron en defensa de la designación, calificando las críticas de la izquierda como «ridículas» y carentes de fundamento legal. El diputado Jorge Alessandri sostuvo que es natural que un fiscal de trayectoria pase a ejercer roles gubernamentales, subrayando que Steinert continuará trabajando para el Estado con el mismo objetivo de combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Legisladores de Chile Vamos enfatizaron que la incorporación de la exfiscal al gabinete se ajusta estrictamente a la Constitución, ya que no existen inhabilidades legales que impidan a un persecutor asumir un ministerio. Mientras la oposición exige aclarar los plazos de la negociación, los sectores que apoyan al futuro gobierno de Kast insisten en que el trabajo de Steinert habla por sí solo y que los intentos por deslegitimar su nombramiento son estériles. (NP-Gemini-La Tercera)
