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La controversia por el incremento de la remuneración del Presidente Gabriel Boric escaló este jueves al plano jurídico. La Fundación Fuerza Ciudadana, liderada por Raimundo Palamara, ingresó un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) cuestionando la legalidad del bono por el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) que elevó el sueldo del Mandatario de 7 a 10 millones de pesos en diciembre. El argumento central de la entidad es que, por su naturaleza de autoridad de elección popular, el Jefe de Estado no califica como funcionario de planta o contrata bajo la Ley 19.553, norma que regula exclusivamente a los servidores públicos sujetos a la Escala Única de Sueldos.
La solicitud de pronunciamiento se basa en tres pilares jurídicos que buscan demostrar una presunta vulneración al principio de legalidad:
- Vínculo Constitucional vs. Funcionario: La fundación sostiene que el Presidente tiene un vínculo constitucional y político, no posee un “grado” administrativo y, por lo tanto, no puede ser sujeto de una asignación variable diseñada para trabajadores civiles.
- Artículo 38 bis de la Constitución: El libelo cita que la dieta presidencial es fijada por una comisión especial y que la Resolución N° 2 del Consejo de Alta Administración Pública no contempla la prerrogativa de obtener bonos por desempeño institucional.
- Taxatividad de la Ley: Argumentan que la Ley 19.553 delimita estrictamente quiénes pueden recibir el PMG, excluyendo implícitamente a las autoridades electas.
POSIBLES CONSECUENCIAS
Fuerza Ciudadana no solo busca una aclaración administrativa, sino que ha solicitado medidas punitivas y correctivas en caso de confirmarse la irregularidad. Entre sus peticiones destacan la restitución inmediata de los montos percibidos por el Presidente Boric (debidamente reajustados) y la determinación de responsabilidades administrativas para los funcionarios de la Dirección de Presupuestos (Dipres) o de Presidencia que autorizaron el desembolso.
Desde el Palacio de La Moneda se ha defendido la percepción del bono, argumentando que el Mandatario recibió el 18% de sus remuneraciones permanentes por concepto de PMG, una cifra inferior al 30,6% que percibe el resto de los funcionarios públicos por asignaciones de modernización. Sin embargo, para la fundación, el hecho de que el Presidente no figure en la dotación formal de servicios públicos sujetos al sistema invalida cualquier cálculo basado en cumplimiento de metas institucionales, como la equidad de género o la gestión sustentable.
RESUMEN DE LA DISPUTA JURÍDICA
| Punto de Conflicto | Postura de Presidencia | Argumento Fuerza Ciudadana |
| Sujeto del beneficio | Se paga a “todos los servidores públicos”. | Solo para funcionarios de planta o contrata. |
| Base Legal | Sistema institucionalizado hace décadas. | La Ley 19.553 excluye a autoridades electas. |
| Monto | 18% de remuneración anual. | Falta de causa legal para el desembolso. |
| Acción solicitada | Mantener el sistema vigente. | Restitución del dinero y sumario administrativo. |
