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La Cámara Alta aprobó por 23 votos a favor y 22 en contra la idea de legislar un proyecto de cumplimiento alternativo de penas que permitiría la reclusión domiciliaria de internos bajo criterios de edad y salud. La iniciativa, que ahora entra en etapa de indicaciones hasta el 16 de marzo, ha generado una fuerte controversia al revelarse que, en su redacción actual, beneficiaría no solo a 370 condenados por violaciones a los derechos humanos en Punta Peuco, sino también a peligrosos criminales comunes como el “psicópata de Alto Hospicio”, la “Quintrala” y el “chacal de Alcohuaz”.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que la moción presenta términos “laxos” que permitirían la salida de la cárcel a reos condenados por homicidios, secuestros y delitos sexuales, sumando potencialmente a 12,000 beneficiados si no se introducen correcciones sustantivas. El oficialismo critica que el texto fue tramitado en la Comisión de Derechos Humanos en lugar de la de Constitución, lo que habría derivado en una “improvisación técnica” respecto a los requisitos de salud y discapacidad para acceder al beneficio.
ENCRUCIJADA PARA EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST
La aprobación de la norma sitúa en una posición compleja a la administración entrante del presidente electo José Antonio Kast. El futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue uno de los senadores que votó a favor del proyecto, pero ha evitado realizar comentarios sobre la postura que adoptará el nuevo Ejecutivo. La actual ministra Macarena Lobos instó a la futura administración a revertir la iniciativa, argumentando que representa un retroceso en seguridad pública al permitir que reos sumamente peligrosos abandonen los recintos penitenciarios, aunque se trataría de condenados con más de 80 años y/o enfermedades terminales. Asimismo, en caso de no aprobarse pone al presidente electo ante la presión de firmar sendos indultos comprometidos en su campaña.
TENSIÓN LEGISLATIVA Y PACTOS EN EL SENADO
El avance de este proyecto ha fracturado las negociaciones para el pacto administrativo en el Senado, contaminando el clima de diálogo entre las bancadas. Desde el Partido Socialista, el senador Fidel Espinoza cuestionó la idoneidad de García Ruminot para conducir las relaciones políticas en el Congreso tras respaldar la medida, mientras que el senador independiente Karim Bianchi enfrenta posibles vetos de la izquierda por ausentarse de la votación. El control de la Comisión de Derechos Humanos se perfila ahora como el principal campo de batalla legislativo para el próximo periodo.
BANCADA DEL PS EMPLAZA A KAST
La bancada de diputadas y diputados del Partido Socialista (PS) solicitó una reunión “con la máxima urgencia” al presidente electo, José Antonio Kast, para que defina su postura oficial frente al polémico proyecto de cumplimiento alternativo de penas. La iniciativa, recientemente aprobada en general por el Senado, ha despertado alarmas en la centroizquierda debido a que su redacción actual permitiría que condenados por crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves, como homicidios y violaciones, accedan al beneficio de reclusión domiciliaria total.
A través de una carta formal, los parlamentarios socialistas advirtieron que la norma contraviene tratados internacionales suscritos por Chile, como el Estatuto de Roma, al no distinguir la gravedad de los delitos para otorgar beneficios por edad o salud. El jefe de la bancada, Juan Santana, calificó el avance legislativo como un hecho de “extrema gravedad” y una amenaza para la democracia, emplazando a la futura administración a transparentar si otorgará urgencia a esta medida una vez que asuma el mando el próximo 11 de marzo.
CUESTIONAMIENTOS POR CRÍMENES DE LA DICTADURA
El diputado Arturo Barrios se sumó a las críticas, señalando que el proyecto favorecería directamente a responsables de “crímenes atroces” cometidos durante la dictadura militar. Los parlamentarios cuestionaron si esta es la visión de justicia que imperará en el gobierno de Kast, exigiendo una respuesta clara ante lo que consideran un intento encubierto de impunidad. Por su parte, el diputado Raúl Leiva fue enfático al señalar que, si la intención de la derecha es indultar a genocidas, deben “decirlo de frente” y no a través de una ley con términos generales y laxos.
Además del componente de derechos humanos, el PS denunció que la iniciativa fue tramitada eludiendo a la Comisión de Constitución, lo que derivó en un texto legal que no considera las observaciones técnicas de la Corte Suprema. Según el bloque opositor, la posibilidad de que más de 12 mil reos —incluyendo delincuentes comunes de alta peligrosidad— puedan abandonar las cárceles representa un retroceso crítico en materia de seguridad pública, un eje que precisamente ha sido bandera de campaña del mandatario electo. (NP-Gemini-La Tercera)
