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La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen en el que cuestiona al Gobierno por la utilización de dependencias del Palacio de La Moneda para fines políticos electorales. El ente de control, liderado por Dorothy Pérez, determinó que una reunión celebrada el 24 de julio de 2024, encabezada por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, excedió las funciones propias de la administración pública al abordar estrategias para los comicios municipales y de gobernadores. La resolución surge tras una denuncia presentada por parlamentarios de la UDI, quienes alertaron sobre la discusión de listas únicas y pactos con la Democracia Cristiana dentro del recinto de gobierno.
Desde la Subsecretaría del Interior intentaron justificar el encuentro argumentando que los temas electorales se trataron de manera “tangencial” y que el foco principal era el veto presidencial a la ley de elecciones en dos días. Sin embargo, la Contraloría desestimó estos descargos, recordando que los funcionarios públicos tienen prohibido realizar actividades políticas en horario laboral o utilizar bienes institucionales para favorecer a determinadas tendencias o partidos. El organismo subrayó que la actuación de la exministra no buscaba dar cumplimiento a las funciones legales de su cartera.
ADVERTENCIA POR REITERACIÓN DE CONDUCTAS
El dictamen instruye al Ministerio del Interior a arbitrar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro, incluso si se presentan de forma secundaria en reuniones oficiales. La CGR fue enfática al señalar que el uso de la autoridad y de la sede de Gobierno para fines ajenos a la función pública contraviene los principios de probidad administrativa. Este pronunciamiento se suma a otras críticas recientes del ente fiscalizador hacia el Ejecutivo, lo que ha intensificado el debate sobre la separación entre las labores de Estado y las agendas partidistas.
NUEVOS CUESTIONAMIENTOS A VOCERÍA Y OTROS MINISTERIOS
Este “tirón de orejas” de la Contraloría coincide con la revelación de otras irregularidades, como el uso de un vehículo fiscal por parte de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, para actividades de carácter partidista. Ante estos hallazgos, parlamentarios de oposición han fustigado el uso de recursos y poder estatal para beneficios electorales, mientras que desde el Ejecutivo aseguran estar tranquilos y dispuestos a subsanar las observaciones. El escenario pone bajo la lupa la gestión de los ritos republicanos y el respeto a la normativa vigente por parte del gabinete. (NP-Gemini-Emol)
