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Las declaraciones del arquitecto Alejandro Aravena, quien advirtió que el narcotráfico estaría involucrado en la reconstrucción de Viña del Mar tras el megaincendio, despertaron preocupación entre los parlamentarios que representan a la zona.
En conversación con Mesa Central de T13 Radio, Aravena relató que «a las tres o cuatro semanas fue como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco, y claro, a un costo. Ahí efectivamente, el Estado de Derecho dejó de existir».
Los legisladores, que de forma transversal han sido críticos con la lentitud del proceso de reconstrucción —el cual actualmente está siendo investigado por una comisión especial en la Cámara—, reaccionaron con preocupación a las palabras del arquitecto.
El diputado Luis Cuello (PC) manifestó que «es una acusación grave, sin embargo hasta ahora la persona que hace la denuncia no ha aportado antecedentes. Eso no es responsable». Agregó que «los damnificados siguen sufriendo las consecuencias del incendio, entonces por respeto a ellos, se debe ser muy cuidadoso al plantear acusaciones de este tipo. Si quien denuncia tiene información, sería su deber concurrir al Ministerio Público para que se investigue».
Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) señaló que las declaraciones de Aravena, «aunque no nos constan directamente, son gravísimas y deben ser tomadas con la máxima seriedad».
«Si es cierto que bandas de narcotraficantes están financiando la reconstrucción en sectores afectados por los incendios y amenazando a vecinos que aceptan la ayuda del Estado, entonces estamos frente a una situación límite: el crimen organizado estaría reemplazando al Estado en funciones básicas y capturando territorios completos con total impunidad», añadió.
En esa línea, planteó que «hace meses venimos denunciando la lentitud desesperante y la falta de capacidad del Gobierno para dar respuestas efectivas a las familias afectadas por el megaincendio. La inacción del Estado ha generado un vacío que, según estos testimonios, estaría siendo ocupado por el narco, con todos los riesgos que eso implica para la seguridad, la convivencia y la democracia misma».
A su vez, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) advirtió que «ante un Estado poco ágil ante el proceso de reconstrucción, creo que es inminente el riesgo de que organizaciones informales y algunas ligadas al crimen organizado pretendan cumplir un rol ante la comunidad que se encuentra afligida por la falta de un derecho vital como lo es la vivienda».
«El crimen organizado se propone rellenar un espacio y no podemos permitirnos aquello. El Gobierno debe agilizar ya el proceso de reconstrucción», concluyó.
El diputado Luis Sánchez (Partido Republicano) dijo que «por supuesto que preocupan estas acusaciones y una eventual presencia del narcotráfico, del crimen organizado en los sectores más altos de nuestra ciudad. Sabemos que hay tráfico de drogas, por supuesto, pero que exista este nivel de presencia, como lo denuncia el señor Aravena, sería gravísimo y yo creo que esto es fruto de la ausencia total por parte del Estado».
Mientras que el diputado Andrés Celis (RN) planteó que «es clave que el Ministerio Público actúe de oficio y esclarezca si lo dicho por Aravena tiene sustento. Si hay redes criminales intentando instalarse con fines de validación social, eso sería gravísimo. Cuando el Estado no responde a tiempo, deja espacio para que otros lo hagan. Por eso es urgente que el Minvu acelere su trabajo y de soluciones reales a los damnificados».
A su vez, la diputada Carolina Marzán (PPD) indicó que «las personas de las zonas afectadas y organizaciones de damnificados están preocupadas y dolidas ante estas declaraciones que sin duda son una estigmatización y dificultan la tarea principal de la urgente reconstrucción».
«Las denuncias del arquitecto Alejandro Aravena son extremadamente graves y delicadas, pero me imagino que él debe haber hecho ya las denuncias respectivas que avalen sus opiniones, como corresponde», cerró.
FISCALÌA Y GOBIERNO
El arquitecto Alejandro Aravena encendió la alarma al advertir que, detrás del proceso de reconstrucción en Viña del Mar tras el incendio de 2024, existiría la participación de organizaciones ligadas al narcotráfico.
Según afirmó en Tele13 Radio, «a las tres o cuatro semanas fue como si nunca hubiera pasado el incendio. Eso estuvo enteramente reconstruido por el mundo narco, y claro, a un costo. Ahí efectivamente, el Estado de Derecho dejó de existir».
Su declaración provocó reacciones inmediatas. Parlamentarios de la zona calificaron de «graves» las acusaciones y emplazaron al arquitecto a entregar los antecedentes que posee al Ministerio Público. Además, criticaron la lentitud con que el Gobierno ha abordado la emergencia.
Sin embargo, esta tarde la Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación de oficio, a raíz de la información expuesta por el arquitecto sobre la «supuesta intervención de narcotraficantes en la zona de reconstrucción por el megaincendio».
Desde el Ministerio de Vivienda optaron por no pronunciarse, argumentando que los temas de seguridad no son de competencia de la cartera.
En tanto, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, previo a que se conociera que la fiscalía abrió una investigación por oficio, calificó de «irresponsables» las declaraciones de Aravena. «Si él tiene antecedentes, no los conocemos nosotros», declaró a El Mercurio de Valparaíso.
Riquelme enfatizó que «no teníamos conocimiento de esa forma o de la instrucción de cómo está entrando el narco en esa zona. Por lo tanto, si él tiene algunos antecedentes, lo primero es que ponga a disposición todos los antecedentes que tiene ante la justicia, ante el Ministerio Público». Si bien reconoció que, de ser cierta la denuncia, «sería un tema complejo y preocupante», insistió en que «lo primero es tener cierta certeza de que es realidad». (Emol)
