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Por su importancia, reproducimos en forma íntegra el pronunciamiento de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, entidad que preside Alicia Lira, frente a maniobra para otorgar libertad a condenados por violaciones a los derechos humanos.
Declaración Pública
Ante la coordinada iniciativa de la Cámara del Senado y la Corte Suprema de buscar mecanismos para otorgar libertad a condenados por violaciones a los Derechos Humanos, amparándose en su avanzada edad y su estado de salud, nuestra agrupación de familiares manifiesta su más absoluto rechazo.
Esta medida desconoce la gravedad de los delitos cometidos, la ausencia de colaboración con la verdad y el hecho de que estos criminales no solo no reconocen la ilicitud de sus actos, sino que los justifican y reivindican.
Estos responsables han vivido gran parte de su vida impunes, recibiendo penas bajas, y hoy, debido a su edad, se pretende favorecerlos. Para los familiares de las víctimas, constituye una nueva revictimización y una negación del derecho a la verdad y la justicia, más aún cuando han transcurrido más de 51 años de lucha incesante junto a abogados de Derechos Humanos que, durante décadas, han acompañado nuestra causa.
Resulta particularmente indignante que el Poder Judicial, que durante los 17 años de la dictadura civil–militar fue cómplice, desoyendo recursos de amparo y negando justicia, hoy se muestre preocupado y sensible ante los responsables de más de 3.500 crímenes de lesa humanidad, cometidos contra hombres, mujeres y niños.
Las violaciones de Derechos Humanos ocurridas bajo la dictadura de Pinochet y los civiles que gozan de impunidad por décadas, constituyen una de las experiencias más brutales en la historia de nuestro país: miles de personas fueron asesinadas o víctimas de desaparición forzada; miles fueron detenidas y torturadas, o exiliada de sus trabajos, en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Esta política, planificada y sistemática, fue un ataque directo en contra de la población civil, perpetrado por las Fuerzas Armadas y de Orden, con la complicidad de sectores civiles ligados a partidos de derecha y con vínculos con la CIA.
Se afectaron derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad, así como los derechos económicos, sociales y culturales, con el claro objetivo de imponer un orden normativo al servicio de intereses de un sector privilegiado de la sociedad. Esta estructura represiva permitió la acumulación y concentración de poder económico y político por parte de un grupo, dificultando durante décadas el acceso a la verdad y la justicia.
A más de 51 años del golpe militar y 35 del término de la dictadura, aún se desconoce el destino de las 1.100 personas detenidas desaparecidas, y no se han establecido plenamente las responsabilidades penales por ejecuciones, asesinatos y torturas. Si bien en los últimos años se han dictado condenas, éstas han sido tardías y con penas indulgentes que ignoran la gravedad de los crímenes.
El resultado es una impunidad persistente, incompatible con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y con el Derecho Internacional de Derechos Humanos ratificado por Chile. Las actuales iniciativas legislativas y judiciales atentan contra la garantía de no repetición y envían una señal de incivilidad, bajo un falso manto de humanidad que, en realidad, encubre impunidad.
Rechazamos con toda nuestra fuerza y voluntad cualquier intento de favorecer a condenados por crímenes de lesa humanidad.
La memoria, la verdad y la justicia no son negociables.
AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE EJECUTADOS POLÍTICOS
Santiago, 6 de agosto de 2025.
Crónica Digital.
