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La Fiscalía Regional de Antofagasta ha sufrido un nuevo golpe en la tramitación del Caso ProCultura luego de que el Juzgado de Garantía de Antofagasta declarara inadmisible el recurso de apelación con el que buscaba impedir el traslado de la arista referente al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a los tribunales de Santiago.
El juez Hans Durán echó por tierra este lunes la intención de la Fiscalía de revertir el escenario, argumentando que la apelación es «improcedente». La decisión ratifica lo resuelto el pasado martes 30 de septiembre, cuando el tribunal acogió el incidente de incompetencia presentado por la defensa de Orrego, encabezada por el abogado Ciro Colombara. El fiscal Eduardo Ríos había ingresado la apelación el viernes 3 de octubre para intentar revertir el traslado.
El magistrado Durán explicó en su dictamen que la resolución impugnada corresponde a un «incidente de incompetencia de carácter inhibitorio», y al ser una decisión de naturaleza procesal dictada dentro de la dirección del procedimiento, «no se encuentra comprendida entre aquellas susceptibles de apelación» según la normativa legal vigente. En consecuencia, ordenó dar cumplimiento a lo resuelto y remitir los antecedentes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
POSTURA DE LA FISCALÍA
Mediante el recurso ahora declarado inadmisible, la Fiscalía Regional de Antofagasta argumentaba que la resolución de incompetencia adolecía de «graves falencias en su fundamentación». Los persecutores sostenían que el tribunal resolvió el incidente en una etapa procesal incorrecta y omitió distinguir entre fuero y competencia.
Adicionalmente, el Ministerio Público alegaba que la decisión desatendía la regla de prevención judicial del artículo 159 del Código Orgánico de Tribunales, la cual permite a la Fiscalía agrupar indagaciones en un solo tribunal cuando existen «pluralidad de delitos conectados», como es el caso de ProCultura, donde una red de ilícitos se cometió en varias regiones. La Fiscalía también criticó que se le impusiera una condena en costas por ejercer sus «deberes constitucionales y legales» sin previo debate.
A pesar de los argumentos de la Fiscalía, el traslado de la causa al tribunal capitalino para el conocimiento de la arista Orrego sigue adelante. (NP-Gemini-La Tercera)
