CPC: 50 medidas pro crecimiento en áreas tributarias, laborales e infraestructura

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Las seis ramas gremiales de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentaron los «50 motores para Impulsar el crecimiento sostenible de Chile», un plan que busca reactivar el crecimiento económico que ha experimentado el país en la última década.

Tras cinco meses de trabajo colaborativo con más de 80 empresarios y expertos, el plan articula 50 propuestas, de las cuales 15 han sido priorizadas como «motores de máxima potencia».

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, enfatizó la urgencia de la propuesta: «Hoy estamos en el momento preciso para proponer y debatir ideas de política pública que creemos necesarias para que los motores de Chile vuelvan a impulsar al país hacia el progreso. Los chilenos no pueden ni deben seguir esperando para mejorar su calidad de vida».

La iniciativa surge en un contexto donde el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile ha visto una desaceleración significativa. Mientras que entre 1990 y 2014 el PIB creció a un promedio anual del 5,1%, permitiendo logros importantes en la superación de la pobreza, el ingreso per cápita y el acceso a la educación e infraestructura, la tasa de crecimiento cayó a un preocupante 1,9% en el período 2015-2024.

Esta caída se atribuye principalmente a «una seguidilla de malas políticas públicas, incertidumbre política y la crisis de seguridad», según Jiménez.

El plan, desarrollado con «sentido de urgencia» y con la inclusión de la visión regional, se enfoca en impulsar la inversión, con una participación fundamental del sector privado. Las 50 medidas propuestas se agrupan en seis ejes principales, cada uno con su propio diagnóstico y propuestas específicas.

LOS SEIS EJES

-Desarrollo de infraestructura: Busca destrabar y acelerar la ejecución de carteras de inversión existentes, modernizar las asociaciones público-privadas y fortalecer la planificación estratégica, con propuestas que incluyen la aceleración de proyectos ya adjudicados por US$9.000 millones y la priorización de un plan de concesiones por US$30.000 millones.

-Competitividad tributaria y sostenibilidad fiscal: Aboga por un sistema de impuestos más competitivo, simple y equitativo para atraer inversión, sin comprometer la sostenibilidad fiscal, especialmente cuando la deuda pública alcanza el 42% del PIB, cerca del límite prudente del 45%. Una de las medidas prioritarias es la reducción del impuesto de Primera Categoría.

-Profundización del mercado de capitales: Propone modernizar y profundizar el mercado financiero para financiar la cartera de inversión, aumentar la rentabilidad de los ahorros y mejorar el acceso a financiamiento para empresas de baja y mediana capitalización.

-Más y mejor empleo: Busca abordar el complejo escenario laboral de desempleo, informalidad y altos costos laborales, promoviendo la mejora de la calidad educativa, la formación técnico-profesional, la movilidad laboral y la reducción de costos. Destaca la simplificación del acceso a la capacitación para pymes y la optimización del uso de la innovación tecnológica e inteligencia artificial.

-Un estado que acompaña: Aspira a un Estado promotor del desarrollo, que establezca marcos regulatorios que reduzcan la incertidumbre y fomenten la inversión. Se propone reconstruir la legitimidad de la acción estatal, haciéndolo más eficiente, reformando leyes que traban la inversión y modernizando el empleo público. -Seguridad y estado de derecho: Consideradas condiciones esenciales para la estabilidad y confianza de inversionistas, empresas y trabajadores.

Las propuestas se enfocan en la trazabilidad para el control de robos, prevención temprana, mayor inteligencia y persecución efectiva del delito, además de fortalecer la colaboración público-privada. La «mayor trazabilidad para el control de robos» es uno de los «motores de máxima potencia».

Entre los 15 «motores de máxima potencia» también se incluyen la optimización de la tramitación de proyectos de inversión en el SEIA, la estabilidad regulatoria, la reforma de leyes como la del Consejo de Monumentos Nacionales y la Ley Lafkenche, un régimen de pago de IVA contra pago efectivo de la factura para pymes, destrabar la discusión legislativa sobre sala cuna, y cambios en la Tasa Máxima Convencional (TMC). (Emol)



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