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Partido Comunista (PC) ha defendido el derecho al trabajo digno, a la justicia social y sus principales figuras, como su candidata presidencial Jeannette Jara, han levantado la voz para denunciar maltratos laborales y abusos del sector privado.
Pero en los hechos, según pudo constatar El Líbero mediante fuentes abiertas, el PC y sus empresas relacionadas como la editorial El Siglo y la radio Nuevo Mundo, no han sido empleadores ejemplares, pues no han respetado los derechos básicos de sus trabajadores. Ello, ya que desde 2011 hasta la fecha registran 330 deudas previsionales con sus empleados.
Es decir, dichas entidades no han pagado las cotizaciones previsionales obligatorias de algunos de sus trabajadores para sus fondos de pensión, seguros de cesantía y de invalidez y sobrevivencia (SIS), según información disponible en la Dirección del Trabajo.
DEUDAS PREVISIONALES DE RADIO NUEVO MUNDO Y EL SIGLO
En el desglose por entidad, la radio Nuevo Mundo, bastión mediático del PC, acumula 203 deudas previsionales entre los años 2019 y 2025. Del total, 144 morosidades están en fase prejudicial de cobro y otras 59 en demandas en los tribunales laborales.
El diario El Siglo, otro histórico medio controlado por el partido de Lautaro Carmona, registra 101 deudas previsionales en los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2024 y 2025, de las cuales 22 están judicializadas.
El Partido Comunista, en tanto, tiene 26 morosidades con 11 trabajadores entre enero de 2024 y febrero de 2025, incluyendo a Bárbara Figueroa, secretaria general y miembro del comando de Jeannette Jara. Todos los cobros están en la etapa prejudicial.
En el mundo comunista, el manejo de las finanzas descansa en Pablo Monje Reyes, miembro del Comité Central, director ejecutivo del think tank del partido, el ICAL, y uno de los primeros en sumarse al comando de Jara como encargado de finanzas. En esa tarea administra los recursos de la campaña, gestiona la cuenta bancaria, lleva la contabilidad y rinde las cuentas al Servel de ingresos, gastos y donaciones.
En el pasado, a través de ICAL y empresas relacionadas, Monje estuvo vinculado con los negocios de la Universidad Arcis, la inmobiliaria Libertad, así como en compras y ventas de propiedades del partido.
En paralelo, Pablo Monje es quien maneja los hilos en el diario El Siglo, que tiene más de 100 deudas previsionales con sus empleados. En septiembre de 2022, la junta de accionistas de la Editorial Siglo XXI (a cargo del diario oficial del partido), modificó la empresa creada en 2001 para convertirla en Inversiones Siglo XXI SpA, según publicó Ex Ante.
“La administración de la Sociedad y el uso de la razón social corresponderá exclusivamente a don Pablo Aurelio Lenin Monje Reyes”, señala el Diario Oficial.
La dignidad del trabajo es un concepto que tanto el PC como Jeannette Jara han enarbolado durante mucho tiempo.
En las Resoluciones del XXVII Congreso Nacional Partido Comunista de Chile, de enero de 2025, afirman que “el sujeto principal del cambio sigue siendo las trabajadoras y los trabajadores, quienes enfrentan la contradicción capital-trabajo. Sin embargo, las nuevas dinámicas laborales, como la precarización, subcontratación, el trabajo en plataformas, la autoexplotación y el trabajo a distancia, exigen una caracterización profunda y actualizada”.
En mayo de 2023, en medio de las negociaciones por el alza del salario mínimo a $500 mil, Jeannette Jara descartó perdonar las deudas previsionales de las pymes, “ya que son parte del patrimonio de los trabajadores”.
En diciembre de 2023, en tanto, se refirió en X a fiscalizaciones que realizaron a clubes de fútbol femenino, encontrando que algunos de ellos no pagaban las cotizaciones. «Se pasan!», escribió.
Durante la tramitación de la reforma de pensiones, aprobada en febrero pasado, la entonces ministra del Trabajo disparó contra los empleadores por cuestionar el alza de la cotización del 6%.
«No quieren ponerse con la cotización previsional. Creen que el país tiene que seguir solamente una parte ahorrando, que son los trabajadores. Eso no puede ser así. En los demás países no es así», señaló en enero pasado.
De hecho, en dicha reforma se cambió la modalidad de recaudación de las cotizaciones de los trabajadores, pasando del modelo actual en que cada AFP lo hace por separado, a un mecanismo centralizado, donde la Tesorería tendrá un rol importante.
En el nuevo Sistema Único de Cobranza de Cotizaciones (SUCC) en lugar de que cada AFP o el IPS persigan individualmente las deudas de un mismo empleador, se podrán realizar las cobranzas de manera conjunta. En la etapa prejudicial, como este caso del Partido Comunista, el cobro corresponderá a la Tesorería General de la República (TGR), mientras los cobros judiciales se realizarán a través de una licitación pública.
TRABAJADORES A LOS QUE NO SE LES HA PAGADO
Los trabajadores del PC afectados en el pago de sus cotizaciones previsionales son 11, varios de ellos con conocida trayectoria política como Bárbara Figueroa, secretaria general del partido e integrante del comando de Jara.
En la vereda contraria, como empleadores, Bárbara Figueroa y su pareja Guillermo Salinas, histórica figura del PC y tesorero de la CUT, fueron denunciados por no pagar las cotizaciones a su asesora del hogar.
Los otros trabajadores comunistas a los que no les han pagado estas previsiones son Guillermo Antonio Adriazola Báez, Cristóbal Ignacio Bruna Contreras, Guido David Camu Cárdenas, Carlos Alberto Cañete Valenzuela, Nelly Carrasco Guerra, Dalivor Panel Eterovic Díaz, Catalina Elizabeth Lufín Pacheco, Matías Andrés Muñoz Raillán, Álvaro Reinaldo Palma Núñez y Alex Andrés Rojas López. Todos tienen una vinculación política y laboral marcada por su militancia.
Álvaro Palma Núñez es miembro del Comité Central del Partido Comunista y está vinculado con el traspaso de propiedades desde el PC a militantes de confianza. Según un reportaje de Ciper, Palma adquirió ocho inmuebles del partido en La Cisterna a la empresa Andrés Varela Propiedades, corredora que entregaba servicios de arriendo al PC.
Catalina Lufín fue electa en junio pasado como la presidenta de las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC), fue presidenta de la FECH y ex vocera del centro de alumnas del liceo 1 Javiera Carrera, con participación activa en movilizaciones feministas de la época, según su biografía.
Nelly Carrasco, según su LinkedIN, es productora general de Nuevo Mundo, y en mayo de 2024 el 22 Juzgado Civil de Santiago ordenó al fisco indemnizarla por torturas de la DINA y Carabineros en julio de 1974 por $80 millones.
Dalivor Eterovic es el presiente regional del PC en Magallanes, concejal por Punta Arenas y coordinador del comando de Jara en esa región.
Cristóbal Bruna es estudiante de cuarto año de Ciencia Política, encargado nacional de educación de la JJCC e integrante de la dirección regional del PC. Guido Camu es periodista con experiencia en redes sociales; y Carlos Cañete es columnista del diario digital Nuevo Mundo.
Matías Muñoz es administrador público de la USACh y trabajó en 2023 en la Segegog que lidera Camila Vallejo (PC) para “registrar y moderar diálogos participativos”; y en 2024 estuvo en la Municipalidad de Santiago en la gestión de Irací Hassler, también comunista, para el “monitoreo de los procesos de ejecución presupuestaria”.
DEUDAS PREVISIONALES NI PAGADAS NI DECLARADAS
Como parte de la reforma de pensiones impulsada por Jara, el pasado viernes 1 de agosto todos los empleadores tienen que aportar 1% adicional en las cotizaciones de los trabajadores. Ese porcentaje irá en aumento hasta llegar al 6% en 2033. Además, se centralizan las cobranzas de las cotizaciones previsionales, se incorpora a la Tesorería General en los cobros prejudiciales, y se unifican las demandas judiciales buscando mayor eficiencia.
En la información entregada por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y de las AFP no se registran pagos del Partido Comunista a sus trabajadores, tampoco declaración y no pago de cotizaciones (DNP), ni movimientos de personal que acrediten que el empleador no debía pagar la cotización (término de relación laboral, permiso sin goce de sueldo, licencia, entre otros), lo que se conoce como DNPA (declaración y no pago de cotizaciones automáticas). Es decir, el Partido Comunista no sólo no las ha pagado, sino que tampoco las ha declarado o acreditado algún movimiento de personal.
De hecho, la ley 17.322 permite la Declaración y No Pago (DNP) de cotizaciones previsionales que no se han abonado dentro del plazo legal, pero con el compromiso de cancelarlas posteriormente, opción que no usó el partido de Jeannette Jara.
En mayo de 2024, la entonces ministra del Trabajo publicaba en X que “cuando se habla de cotización del empleador, a veces se pierde el sentido que se busca, mejorar pensiones actuales, pensiones futuras y principalmente de mujeres”.
DEMANDA LABORAL POR $170 MILLLS. QUE PERDIÓ EL PC
La negativa hoja de vida laboral del partido de Carmona tiene más antecedentes. En 2020 fue condenado a pagar $170 millones a una exempleada por no abonarle sus sueldos ni cotizaciones durante más de 30 años.
Eliana Poblete Tello, de entonces 76 años, estaba a cargo de cuidar una parcela del PC en el sector de El Arrayán entre enero de 1990 y febrero de 2019. El sueldo que nunca le pagaron ascendía a $432 mil mensuales.
El Primer Juzgado del Trabajo de Santiago ordenó al PC el pago de $432 mil por indemnización sustitutiva de aviso previo; $4,7 millones por indemnización por 11 años de servicio; otros $2,3 millones por recargo laboral del 50%; $150 millones por las remuneraciones adeudadas en todo el periodo; y $6,2 millones por feriados legales, entre otros pagos.
LAS MILLONARIAS DEUDAS EN CONTRIBUCIONES
La deuda previsional se suma al no pago de las contribuciones del PC de la sede del comando de Jara en las primarias (ICAL), en la avenida Cumming 350-356, así como de otras nueve propiedades, según reveló El Líbero.
Por las oficinas de ICAL Y Nuevo Mundo debe $24 millones, y por las otras propiedades como la sede central del PC en Avenida Vicuña Mackenna, el polémico predio del que ordenaron desalojar a sus cuidadores en Lo Barnechea, la Casa Museo Delia del Carril en La Reina y otras sedes comunales en Renca, Conchalí, Cerro Navia y Lo Espejo, adeudan más de $60 millones. (El Líbero)
