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Una fuerte división política resurgió en el Senado de la República de Chile durante la tramitación de dos iniciativas clave en materia de derechos humanos, evocando tensiones de hace tres décadas.
El punto central del conflicto es la desconfianza mutua entre el oficialismo y la oposición, que generó acusaciones de «chantaje» y temores de «mal uso» de las herramientas legales:
Declaración de Ausencia: El Senado aprobó y despachó a la Cámara de Diputados el proyecto, patrocinado por el Ejecutivo, que facilita a familiares de detenidos desaparecidos obtener un certificado de declaración de ausencia con fines civiles y administrativos. La oposición forzó 11 votaciones separadas en la Sala, aunque la iniciativa fue aprobada.
Cumplimiento Alternativo para Condenados: La oposición busca priorizar la votación, prevista entre octubre y noviembre, de una reforma constitucional presentada por el senador Francisco Chahuán (RN) que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para personas mayores o con enfermedades terminales. Este proyecto beneficiaría directamente a condenados por crímenes de lesa humanidad, en su mayoría recluidos en el penal de Punta Peuco.
El senador Fidel Espinoza (PS) acusó a la oposición de intentar «chantajear» al oficialismo, condicionando el apoyo a la ley de detenidos desaparecidos a la tramitación del proyecto que beneficiaría a los reos de Punta Peuco. «Con los derechos humanos no se chantajea», sentenció.
Por su parte, el senador Chahuán defendió la tramitación paralela de ambos proyectos, negando cualquier intención de chantaje y argumentando que su deber es salvaguardar los derechos humanos de todos los chilenos, incluyendo el apoyo al Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos y la denuncia del hacinamiento carcelario. Chahuán, junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), fue clave para despachar la ley de declaración de ausencia.
No obstante, las sospechas del oficialismo persisten. El senador Daniel Núñez (PC) expresó su «sospecha fundada» de que la derecha busca «tratar de empatar» con un proyecto que temen que se traduzca en «impunidad». La bancada socialista incluso anunció una reforma constitucional para prohibir beneficios carcelarios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad, denominando la medida de la oposición como la «ley Krassnoff».
La desconfianza opositora en la ley de declaración de ausencia se centró en un punto específico. El senador Rodrigo Galilea (RN) cuestionó la norma que permitía al Ejecutivo calificar la desaparición forzosa por un acto administrativo, exigiendo que esta calificación sea determinada únicamente por una sentencia judicial. Este fue el único punto que la oposición, con el apoyo de Chahuán y Ossandón, logró rechazar en la Sala. (
