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El Congreso Nacional ha sido escenario de un intenso debate a raíz de la revelación sobre el caso de Bernarda Vera, una de las personas que figuran en el listado oficial de 1.469 detenidos desaparecidos durante la dictadura. Nuevos antecedentes, dados a conocer en un reportaje de Chilevisión, sugieren que Vera podría estar viva y residiendo en Argentina.
Según la información difundida, Bernarda Vera habría logrado escapar junto a un grupo de personas. Su trayectoria posterior incluye la obtención de un permiso de residencia en Suecia en 1978, su nacionalización como ciudadana sueca en 1984, y su presunto regreso a Argentina en 1999. Esta situación ha generado una ola de reacciones y llamados a investigar la veracidad de otros casos similares.
El diputado Jorge Alessandri (UDI) fue uno de los más enfáticos, señalando que si un canal de televisión pudo encontrar a Vera, la Contraloría General de la República, a través de sus facultades, podría identificar muchos más casos. El parlamentario argumentó que de ser falsos, estos casos implican un fraude al Estado y el uso indebido de miles de millones de pesos de los contribuyentes, aludiendo a posibles «falsos exonerados». Por ello, anunció que su bancada oficiará a la Contraloría para revisar y esclarecer si existen más personas «defraudando al Estado con este tipo de mentiras por tantos años».
En línea con Alessandri, la diputada Camila Flores (RN) valoró la publicación del reportaje, manifestando su preocupación y cuestionando la posible existencia de otros «supuestos detenidos desaparecidos vivos». Además, puso en tela de juicio la situación de «cuántas personas estarán condenadas por estos supuestos delitos, que en definitiva, no se cometieron».
El diputado Cristián Araya (Partido Republicano) también se sumó a las acciones fiscalizadoras, indicando que ya ofició a la Contraloría por el caso. El objetivo de su solicitud es que el organismo determine quiénes sabían que Bernarda Vera estaba viva, los montos de «reparación» que se le habrían pagado a su hija y las personas que fueron condenadas en relación con su supuesto crimen.
Por otro lado, el diputado Diego Ibáñez (FA) planteó una visión más cauta y de respeto institucional. Expresó que no se atrevería a «hacer juicios políticos respecto de determinados casos en particular» sin contar con la información completa. Hizo un llamado a esperar que sean los propios mecanismos del Plan Nacional de Búsqueda y de la Justicia quienes «esclarezcan la situación de cada uno de los detenidos desaparecidos… por respeto a las familias y por respeto también a su memoria».
Finalmente, el diputado Ibáñez recalcó que la determinación de la «verdad procesal» en estos casos corresponde a los tribunales de justicia, en una instancia independiente del Poder Legislativo. La controversia subraya la sensibilidad y complejidad de los casos de derechos humanos de la dictadura, ahora bajo la lupa de una posible revisión de sus listados y procesos de reparación. (NP-Gemini-Emol)
