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La Fiscalía Regional de Coquimbo, en el marco de su investigación sobre la fallida compraventa de la casa que fue del expresidente Salvador Allende, ha recabado diversas declaraciones de funcionarios que intervinieron en el proceso. Uno de los testimonios clave corresponde a Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, quien reveló que su jefe de división solicitó reiteradamente acelerar la adquisición, valorada en cerca de mil millones de pesos, debido a la presión por no perder los fondos asignados.
La abogada, que se integró al Ministerio de Bienes Nacionales en 2022 tras egresar de la Universidad de Chile y se desempeñaba como analista en el departamento de adquisición y administración de bienes, manifestó que la compra fue inusual. Explicó que era la primera vez que Bienes Nacionales iniciaba una compra «de oficio», ya que lo habitual es que actúe a solicitud de otros servicios. No obstante, dado que los fondos estaban asociados a su ministerio, la necesidad de compra se asumió internamente, siguiendo una iniciativa previa del Servicio del Patrimonio y las Culturas.
Como analista, su función principal era comprobar la «aptitud jurídica» del inmueble, lo que implicaba revisar títulos, inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces, y verificar la ausencia de prohibiciones de venta, limitaciones o deudas (como contribuciones o servicios básicos). Si bien Burgos Bustos fue quien redactó el contrato de compraventa, el proceso contó con la participación de altas jefaturas y funcionarios de diversas entidades, incluyendo Presidencia y el Ministerio de las Culturas.
La abogada admitió ante los fiscales que «olvidó» considerar una prohibición constitucional que pesaba sobre la venta, debido a que entre los dueños de la propiedad se encontraban una senadora (Isabel Allende) y una ministra (Maya Fernández). Aclaró que su labor se centró principalmente en el «análisis documental» y el estudio de títulos del inmueble. Ambas políticas, Allende y Fernández, debieron dejar sus cargos —la primera removida por el Tribunal Constitucional y la segunda por renuncia— a raíz de esta inhabilidad no detectada que finalmente paralizó la compra.
Respecto a la premura en el trámite, Burgos Bustos identificó a Pablo Maino, su jefe de división, como la persona que «constantemente» les solicitó apurarse, argumentando que la compra debía concretarse lo antes posible para evitar la pérdida de los dineros destinados al proyecto, e incluso les entregó un cronograma de plazos. Bajo esa presión de celeridad, Maino le solicitó directamente la redacción del contrato de compra, tarea que usualmente correspondía a la división jurídica. Una vez listo, lo envió a Carolina Thomas, abogada de dicha división, para que se le diera curso.
Finalmente, la declaración de la abogada se suma a los testimonios de otras figuras clave, como la ministra Arredondo y la exministra Sandoval, quienes aseguraron haber levantado alertas desde sus equipos (jurídicos y comunicacionales) sobre el caso y haberlas comunicado a La Moneda, una advertencia que asesores de Presidencia han negado haber recibido. (NP-Gemini-Emol)
