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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió nuevamente al caso de Bernarda Vera, militante del MIR que figura como detenida desaparecida desde 1973 y que, según nuevas indagaciones, habría residido en Argentina y Suecia. El secretario de Estado llamó a enfrentar la situación “con altura” y sin “sacar ventajas políticas”, subrayando que el objetivo central del Plan Nacional de Búsqueda es esclarecer la verdad sobre las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
En entrevista con Radio Infinita, Cordero recordó que Vera fue reconocida como víctima en el Informe Rettig y que su caso se encuentra sobreseído, sin responsables procesados ni condenados. En los registros del Museo de la Memoria aparece como fusilada en el Puente Toltén en octubre de 1973, junto a otros militantes de la Unidad Popular. Sin embargo, investigaciones recientes lideradas por la periodista Pascale Bonnefoy han planteado la posibilidad de que la mujer hubiese abandonado el país y obtenido nacionalidad sueca.
El ministro detalló que, en el marco del plan, se enviaron oficios a la Cancillería y la PDI para solicitar información a distintos países. En mayo de 2025, Suecia confirmó la existencia de una persona con nombre coincidente que habría residido allí antes de trasladarse a Argentina. Esa información fue remitida al ministro en visita Álvaro Mesa Latorre, a cargo de causas de lesa humanidad en la Corte de Apelaciones de Temuco, quien abrió un cuaderno reservado para profundizar la investigación.
Consultado por los tiempos de la comunicación judicial, Cordero explicó que el caso estaba sobreseído y que el Estado solo pudo acompañar los nuevos antecedentes una vez que se obtuvieron oficialmente. Añadió que el Plan Nacional de Búsqueda contactó en enero de este año a la hija de Vera para informarle de los avances, y precisó que hasta ahora no existen indicios de que ella conociera la posibilidad de que su madre estuviera con vida, por lo que la pensión que recibe no se ve afectada.
El ministro insistió en que el propósito del plan no es generar controversias políticas, sino reconstruir la trayectoria de cada víctima calificada y no calificada, como parte del compromiso del Estado con la verdad y el respeto hacia las familias. “Este trabajo exige altura de miras y responsabilidad, porque más allá de las diferencias, lo que está en juego es la memoria y el derecho de los familiares a conocer qué ocurrió”, sostuvo. (NP-GPT-Emol-Infinita)
