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Nuevos antecedentes surgidos de la investigación del Ministerio Público sobre la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende han complicado la situación de la exsenadora Isabel Allende, actualmente imputada en el caso. El testimonio clave proviene de Alejandro Riquelme, jefe de la División de Función Pública de Contraloría y quien en el momento de los hechos se desempeñaba como jefe de gabinete del organismo fiscalizador. Riquelme declaró que el mismo día en que el decreto de compraventa, valorado en cerca de $1.000 millones, ingresó a la Contraloría para la toma de razón, fue contactado insistentemente por Claudio Hurtado, entonces jefe de gabinete de la exsenadora, quien le solicitó «tramitar con prioridad el decreto supremo que habilita la compra» en más de cinco oportunidades a lo largo de una semana.
Abogados penalistas consultados coinciden en que estos insistentes contactos podrían configurar un posible delito de tráfico de influencias, dado el interés económico de por medio. Expertos como Juan Carlos Manríquez y Mario Vargas Cociña señalaron que la sola solicitud o la oferta de influencia sobre un funcionario público, con el fin de que este adopte una decisión administrativa que genere un beneficio económico, es suficiente para tipificar el delito, aun si la influencia no fue efectiva. La abogada Catherine Lathrop reforzó esta visión, indicando que la presión ejercida por el jefe de gabinete de una senadora en ejercicio para acelerar el trámite es un hecho indebido que hace presumir el conocimiento de una posible irregularidad, no siendo un «hecho aislado o intrascendente desde la esfera penal».
Este nuevo frente se suma a la polémica generada por la abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, Francisca Burgos Bustos, quien en su declaración ante la Fiscalía admitió haber «olvidado» la prohibición constitucional que impedía la venta de la propiedad, ya que entre sus dueños figuraban una senadora (Isabel Allende) y una ministra (Maya Fernández). No obstante, juristas penalistas calificaron esta defensa como «insostenible» en el ámbito judicial. Argumentan que existe la presunción de que la ley es conocida por todos, y que en el caso de un profesional experto, alegar el desconocimiento de una norma constitucional es un «sin sentido», sugiriendo una «cadena de ignorancia» que resulta poco verosímil. (NP-Gemini-Emol)
