La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley, presentado por el diputado libertario Johannes Kaiser, que busca encargar al Servicio Médico Legal (SML) la identificación de osamentas de detenidos desaparecidos que se encuentren bajo su custodia. La iniciativa avanzó con 71 votos a favor, 62 en contra y 4 abstenciones, pero debido a las controversias del debate, fue despachada con indicaciones y regresa a la Comisión de Derechos Humanos.
La discusión en la Sala estuvo marcada por fuertes tensiones. La oposición refirió el polémico caso de Bernarda Vera —una chilena que figura en la lista de detenidos desaparecidos, pero que presuntamente vive en Argentina— para argumentar la necesidad de la norma. Los diputados republicanos acusaron a la izquierda de oponerse a la identificación. Luis Sánchez (Republicano) afirmó que los oficialistas «debiesen ser los más felices» y que nadie entiende por qué la izquierda insiste en «perpetuar el odio». Cristián Araya (Republicano) incluso acusó que «hay personas de izquierda que no quieren identificar a los detenidos desaparecidos».
NEGACIONISMO
El oficialismo respondió a las acusaciones criticando el «negacionismo» de la derecha. La diputada Lorena Pizarro (PC) señaló que el proyecto es redundante, ya que el SML ya «perició todas las muestras y los informes fueron entregados al Poder Judicial», acusando a Kaiser y a la derecha de buscar una nueva «muestra más del negacionismo» sobre el golpe de Estado.
Además, las diputadas oficialistas criticaron la conducción del presidente de la testera, José Miguel Castro (RN), por no restringir los mensajes «negacionistas» de la oposición. La diputada Emilia Schneider (FA) reprochó a Castro su «visión tan parcial» al no sancionar los epítetos en contra de las bancadas oficialistas.
FAMILIARES DE DD.DD. DEFIENDEN PLAN DE BÚSQUEDA
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) emitieron declaraciones conjuntas defendiendo el Plan Nacional de Búsqueda y condenando cualquier aprovechamiento político en torno al caso de Bernarda Vera. Vera es una militante del MIR, presuntamente fusilada en 1973 y listada en el Informe Rettig como detenida desaparecida, que un reportaje reciente sugirió que podría estar viva y residiendo en Argentina.
Ambas organizaciones insistieron en que la situación de Vera, conocida por la chapa de «Anita» y detenida en Neltume en 1973, debe ser resuelta judicialmente. La AFEP señaló que, si se confirma que Vera está viva, «serán los tribunales los que deben establecer la verdad y sus alcances». Además, calificaron la cobertura del caso como enmarcada en «discursos negacionistas» que «eluden hacer referencia a la magnitud de las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura». La AFEP también solicitó que el caso de Vera motive el «mayor esfuerzo» del Plan de Búsqueda y del Programa de Derechos Humanos.
Por su parte, la AFDD manifestó su rechazo a que se pretenda cuestionar la credibilidad del Plan Nacional de Búsqueda, recordando los «sistemáticos intentos de negacionismo» que han enfrentado. La agrupación demandó que el Estado de derecho cautelar la transparencia en todos los aspectos que deban ser aclarados. Ambas organizaciones hicieron un llamado a la responsabilidad para evitar la revictimización de los familiares de las víctimas, cuyo foco histórico ha sido la lucha por la verdad y la justicia. (NP-Gemini-La Tercera)