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A pesar de que la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional que buscaba rebajar la dieta y eliminar las asignaciones (gastos de oficina y personal) de los expresidentes, el debate legislativo sobre el «estatuto de los exmandatarios» sigue abierto. La discusión se centrará ahora en la Ley de Presupuesto 2026, luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda estableciera un criterio que podría blindar la totalidad de estos gastos.
LEY PERMANENTE
En el proyecto de la Ley de Presupuesto 2026, la Dipres estableció un fondo de $830 millones para los exgobernantes con el carácter de ley permanente, una interpretación extensiva de la Ley 19.672.
Este monto representa un aumento de $151 millones (22,3%) respecto a los $679 millones gastados hasta este año. El incremento se justifica por la incorporación de la dieta y asignaciones del Presidente Gabriel Boric durante nueve meses (entre marzo y diciembre de 2026).
La principal controversia radica en que, al darle la categoría de ley permanente al fondo, la Dipres busca que no solo las dietas, sino también los gastos de oficina, personal y traslados, no puedan ser rechazados por el Congreso. El Artículo 67 de la Constitución prohíbe al Congreso reducir los gastos que estén establecidos por ley permanente.
La reciente discusión en la Cámara de Diputados dejó en claro que solo las dietas (remuneración de $7,3 millones, equivalente a la de un ministro de Estado) tienen un respaldo directo en la Constitución (Ley 19.762).
El estatus de las asignaciones es más ambiguo y ha sido el principal flanco de crítica:
Origen del Estatuto: El estatuto de los expresidentes surgió de un acuerdo político en el año 2000 (Ley 19.672) para regular la figura y facilitar la renuncia de Augusto Pinochet al cargo de senador vitalicio.
Vínculo Roto con la Constitución: La reforma constitucional de 2020 (post-estallido social) que redujo los sueldos de las autoridades, resolvió sacar las asignaciones de la Carta Fundamental. Hoy, el Artículo 62 de la Constitución solo menciona que los expresidentes percibirán una dieta, sin mencionar las asignaciones.
Acuerdo Administrativo: Un informe de 2020 del fiscal del Senado, Javier Norero, recomendó eliminar el pago de las asignaciones. No obstante, el Senado optó por seguir pagándolas mediante un acuerdo administrativo de bancadas, amparándose en la Ley de Presupuesto y normas de la Ley Orgánica del Congreso.
Legisladores descontentos planean insistir en el debate del Presupuesto de 2026. Aunque un parlamentario podría impugnar el carácter de ley permanente de los gastos de oficinas y viajes, el Ejecutivo podría defender su criterio ante el Tribunal Constitucional, donde teóricamente contaría con una mayoría. (NP-Gemini-La Tercera)
