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El Gobierno logró revertir el rechazo inicial de la Comisión de Educación, consiguiendo que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que busca aplazar el alza de los requisitos de ingreso a las carreras de Pedagogía. La iniciativa, aprobada en general con 79 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones, busca evitar que se aplique el aumento de más de 120 puntos en el puntaje mínimo de ingreso a la docencia, establecido en la Ley de Desarrollo Docente de 2016. De no legislarse a tiempo, el piso exigido pasaría de los 502 puntos que rigieron hasta 2024 a un mínimo de 626 puntos para los procesos de admisión de 2026.
La diputada Camila Rojas (FA) defendió el proyecto señalando que las altas exigencias coartan la vocación de jóvenes que desean ser educadores. Rojas argumentó que el proyecto permitirá al Ministerio de Educación y al Comité Técnico de Acceso definir los requisitos de ingreso con la flexibilidad necesaria cada cinco años, considerando el contexto educativo, las necesidades territoriales y la matrícula. Por su parte, la diputada Daniela Serrano (PC) advirtió que las pruebas como la PAES no predicen la calidad docente, sino que actúan como «filtros desiguales y socioeconómicos» que podrían dejar fuera a la mitad de los estudiantes de liceos municipales y públicos.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
La oposición, que votó mayoritariamente en contra, acusó al Gobierno de debilitar los estándares de ingreso y de intentar retroceder en los consensos que habían fortalecido la profesión docente. El diputado Francisco Undurraga (EVO) sostuvo que si bien se comparte la urgencia del déficit docente, no se debe abordar «debilitando los estándares», y recalcó que la evidencia indica que a mayor puntaje de ingreso, mejor desempeño posterior en la evaluación nacional. En la misma línea, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) acusó que la postergación busca «perpetuar la mediocridad» para favorecer a «grupos interesados», principalmente universidades, en lugar de generar incentivos para atraer a los mejores estudiantes.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, respondió a las críticas, aclarando que el proyecto «difícilmente podría bajar puntajes que no se han aplicado nunca», ya que la exigencia de puntaje nunca ha entrado en vigencia, habiéndose postergado sucesivamente en distintos gobiernos. El ministro hizo un llamado a aprobar la idea de legislar para «discutir antes de lamentar los efectos» que tendría un aumento drástico e inmediato de los puntajes de corte, lo que obligaría a estar sin legislación por un tiempo prolongado. Con la aprobación en la Cámara, el proyecto ahora continuará su tramitación en el Senado. (NP-Gemini-Emol)
