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Álvaro Ramis
La acusación se repite con fuerza en el debate público de los últimos días: para la derecha, los intentos del gobierno por fortalecer la estabilidad laboral de los trabajadores públicos constituirían nuevos amarres destinados a condicionar a futuras administraciones. El término ha sido instalado en declaraciones, columnas y titulares, como si se tratara de una amenaza institucional mayor. Sin embargo, basta un mínimo ejercicio de memoria histórica para advertir que la comparación no solo es desproporcionada, sino profundamente engañosa.
Porque si de amarres se trata, conviene recordar que estos no nacieron en democracia ni estuvieron asociados a políticas de protección social o derechos laborales. Los amarres auténticos fueron los que dejó la dictadura militar y que la derecha apoyó, sostuvo y defendió activamente durante décadas. Augusto Pinochet lo dijo sin ambigüedades: intentó dejar todo atado y bien atado para que nada se moviera ni una hoja sin que él lo supiera. No era una frase retórica ni una exageración del momento, sino la descripción cruda de un diseño político deliberado.
En este contexto, resulta paradójico —y ojalá no irrelevante— que en un país donde la inestabilidad laboral se ha vuelto una condición crónica, tan extendida como lo es hoy en el periodismo, parte de ese mismo mundo mediático no se haga eco, ni siquiera con mínima empatía, de los intentos del gobierno por otorgar estabilidad a la función pública y a sus funcionarios. Cuando la precariedad se normaliza como regla del mercado laboral, toda política que busca corregirla es presentada como sospechosa, como si garantizar condiciones mínimas de continuidad fuese un privilegio indebido y no un principio básico de un Estado moderno.
Más aún, lo que algunos han denominado de forma grandilocuente como una “Ley de Amarre” no es otra cosa que un compromiso entre el Gobierno y la ANEF para presentar un proyecto de ley que establezca reglas mínimas de racionalidad administrativa. La propuesta apunta a que la no renovación de las contratas sea un acto fundado, basado en hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables; que deba notificarse con al menos 30 días de anticipación y remitirse a la Contraloría General de la República. Asimismo, se contempla la posibilidad de que funcionarios con al menos dos años de servicios continuos puedan reclamar por vicios de legalidad, y que, en caso de incumplimiento de la fundamentación o del procedimiento, el acto quede sin efecto, con reincorporación y pago de remuneraciones.
Nada de esto configura un cerrojo institucional ni un candado autoritario. Se trata, simplemente, de introducir estándares básicos de debido proceso y control administrativo en una relación laboral marcada históricamente por la discrecionalidad. Equiparar esta discusión con los amarres estructurales heredados de la dictadura no solo es conceptualmente errado, sino que banaliza un período histórico cuyos efectos fueron reales, profundos y duraderos.
El desplazamiento del debate es revelador. Se habla de “amarres” para evitar discutir el fondo: si el Estado puede o no cumplir su función con trabajadores sometidos a la incertidumbre permanente. No todo lo que genera continuidad es un amarre; no toda norma que trasciende a un gobierno es antidemocrática. Los verdaderos amarres no estuvieron en las políticas públicas orientadas a dar certezas y derechos, sino en los esfuerzos persistentes por impedir que se modificaran los elementos fundamentales heredados de la dictadura.
En la era de la posverdad, resulta fundamental que los medios de comunicación contribuyan a la veracidad de la información y no se sumen, acríticamente, a la reyerta de trinchera. Confundir deliberadamente estabilidad laboral con inmovilismo institucional no es un error inocente: es una forma de relativizar los verdaderos candados del pasado y, en el fondo, de seguir justificando aquello que durante décadas se intentó mantener intacto.
Por eso conviene decirlo sin ambigüedades: amarres eran los de antes. Los de hoy, con todos los debates legítimos que puedan generar, no buscan inmovilizar la democracia, sino fortalecerla.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 25 de diciembre 2025
Crónica Digital
