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La Corte de Apelaciones de Santiago asestó un duro golpe a las pretensiones del Ministerio Público al rechazar, con una votación de 24 votos contra cero, el pedido de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego. La decisión unánime del pleno de ministros impide que la Fiscalía Regional de Antofagasta continúe con la indagatoria penal contra la autoridad regional en el marco de la arista “Quédate” del caso ProCultura. Este revés judicial representa una de las derrotas más significativas para el equipo persecutor liderado por el fiscal Juan Castro Bekios y el fiscal adjunto Cristián Aguilar.
El fallo del tribunal de alzada capitalino confirma una serie de debilidades probatorias que ya habían sido advertidas por otros magistrados en instancias previas. Según la resolución, no se habrían acreditado suficientemente los presupuestos del delito de fraude al fisco en los convenios suscritos entre la Gobernación Metropolitana y la fundación dirigida por Alberto Larraín. Este desenlace ocurre en un contexto donde el propio Consejo de Defensa del Estado decidió no querellarse contra Orrego, un antecedente que pesó en la deliberación de los ministros de la corte.
La investigación del caso ProCultura ha estado marcada por una accidentada trayectoria procesal desde sus inicios bajo la gestión del exfiscal Carlos Palma. Entre los hitos que debilitaron la posición de la fiscalía se encuentran la rectificación de informes periciales, la declaración de ilegalidad de interceptaciones telefónicas y el traslado de la competencia desde Antofagasta a Santiago. Estos elementos permitieron a la defensa del gobernador consolidar una estrategia que finalmente logró bloquear el avance del proceso de desafuero en la capital.
Pese a este resultado, desde el Ministerio Público aseguran que la investigación general del caso ProCultura sigue vigente en otras regiones del país. Si bien la arista que involucraba a la autoridad metropolitana ha quedado paralizada, los persecutores mantienen abiertas otras 17 líneas de investigación que abarcan diversas fundaciones y convenios a nivel nacional. Por ahora, el gobernador Orrego podrá continuar en sus funciones sin el riesgo de ser formalizado por los cargos que intentó imputarle el ente persecutor. (NP-Gemini-La Tercera)
