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Los US$5,7 millones recibidos a la fecha por los pensionados de gracia del 18-O revelaron el costo fiscal de la controversial política de compensación a las víctimas del estado social.
- La Tesorería General de la República detalló, tras una solicitud vía ley de transparencia en que se consultó por cada rut, los montos recibidos por 405 del total de 418 pensionados de gracia del estallido —270 beneficiados durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y 148 en la administración del expresidente Sebastián Piñera.
- La suma de los beneficios alcanzó los $5.434.446.015, equivalentes a US$ 5,7 millones, recibidos entre inicios de 2022 y mayo de 2025. El Presidente Boric asumió el 11 de marzo de 2022.
- Esta política —criticada inicialmente por usar una atribución presidencial en vez seguir un proceso judicial de demanda al estado y excluir a los comerciantes afectados por el vandalismo— escaló luego de que Ex-Ante revelara la existencia de beneficiarios que tenían la doble calidad de presuntas víctimas e imputados en una misma secuencia de hechos.
- Uno era Gabriel Allende, quien en octubre de 2019 recibió tiros de perdigón en Curacaví tras arrojar una molotov a Carabineros. Alcanzó a recibir $5.894.124, antes de que le revocaran el beneficio en 2024.
- A esto se sumó el informe 419 / 2023 de Contraloría, que identificó 58 casos con prontuario previo por “estafa, tráfico y microtráfico de estupefacientes, producción de material pornográfico infantil, abuso sexual, robo con violencia, homicidio, lesiones en contexto de violencia intrafamiliar”.
- Tras esto, el gobierno revocó el año pasado 28 pensiones de gracia.
- Ambos grupos recibieron los beneficios porque ni el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que presentaba los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales. La explicación que dieron fue que esto no era un requisito legal.
- Los casos fraudulentos se entremezclaron así con docenas de otros sí acreditados como el de Gustavo Gatica, quien quedó ciego en 2019 por un tiro policial.
Las formalizaciones. La formalización por fraude de subvenciones a dos de los beneficiarios, programada para el 24 de julio en el Juzgado de Garantía de Temuco, espera mostrar el primer resultado judicial del caso, luego de que en enero de 2024 el fiscal nacional Ángel Valencia encargara al Fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén indagar a las falsas víctimas.
- Los imputados son Francisco Gatica Catalán, 33, quien en 2019 fue supuestamente víctima de un trauma ocular en Temuco por un ataque policial, que resultó ser provocado por un accidente de tránsito, admitió al INDH.
- El segundo es Robinson Jaramillo Monje, 58, quien recibió el beneficio por presuntamente recibir un tiro en el tobillo en Valdivia, pero cuyas lesiones eran incompatibles con munición militar o policial. Luego se supo que además había sido condenado por abusar sexualmente de una niña de seis años, en 2009.
- Gatica Catalán alcanzó a recibir $7.341.227 y Jaramillo Monje, $6.896.461, detalló Tesorería. Por los montos recibidos, arriesgan hasta cinco años de cárcel.
- Jaramillo Monje está además inubicable, mostró un informe del 23 de junio del Juzgado de Garantía de Valdivia.
- El primero recibió el beneficio durante el gobierno pasado y recibió un alza en la administración del Presidente Boric. Así pasó de 0,7 a 1,5 ingresos mínimos remuneracionales, que hoy equivalen a $511.482
- El segundo lo recibió en el gobierno anterior.
- A la fecha no hay más audiencias de formalización programadas por fraude de subvenciones vinculados al 18-O.
La promesa de Boric. El 1 de junio de 2022, en su primera cuenta pública tras llegar a La Moneda, el Presidente Boric anunció que aumentaría la entrega de recursos estatales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras el 18-O.
- “Hemos presentado una agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”, dijo el mandatario. “La cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
- Era el reforzamiento de un beneficio entregado en el gobierno del expresidente Piñera, que se originó en una indicación presentada en 2020 por el entonces diputado y actual senador Daniel Núñez (PC), en el marco de la ley de presupuesto.
- El beneficio que Boric prometió aumentar se sumaba a la promoción de la liberación de los denominados “presos de la revuelta”, la que —tras fracasar en el Congreso— dio paso a los indultos de 12 presos del 18-O y del exfrentista Jorge Mateluna.
- Un año y medio más tarde, el escenario era otro. El episodio de los indultos se transformó en una de las primeras crisis de su gestión, al conocerse el largo prontuario de Luis Castillo, el “insurrecto”, y los antecedentes penales de otros beneficiados.
