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El diputado independiente de la bancada PPD, Jaime Araya, ingresó un proyecto de reforma constitucional que busca impedir que los partidos políticos designen “a dedo” al reemplazante de un parlamentario condenado por delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o malversación de fondos.
La propuesta generó controversia tanto en el oficialismo como en la oposición, en medio de la tensión electoral que tiene como telón de fondo la candidatura de Daniel Jadue (PC), actualmente acusado en la causa Farmacias Populares.
Araya justificó la iniciativa señalando que “cuando un parlamentario es condenado por hechos de corrupción, no puede ser que el partido que lo llevó como candidato se lleve el premio y pueda nombrar a dedo al reemplazante”. A modo de ejemplo, mencionó que el proyecto impediría que Lautaro Carmona (PC) pudiera designar al sucesor de Jadue, en caso de condena, o que José Antonio Kast hiciera lo propio con un parlamentario de su sector.
El texto plantea modificar el artículo 51 de la Constitución para establecer que, en caso de condena por delitos graves, el escaño sería ocupado por el siguiente candidato más votado de la misma lista o subpacto. Si ello no fuese posible, el cupo quedaría vacante.
REACCIONES DIVIDIDAS
La propuesta fue rápidamente cuestionada desde distintos sectores políticos. La diputada comunista Alejandra Placencia la calificó de “antidemocrática”, argumentando que el escaño pertenece al partido que lo ganó en la elección y que debe ser esa colectividad la que defina al reemplazante.
En la DC, el diputado Eric Aedo advirtió que no se deben presentar proyectos “contra personas específicas”, ya que ello termina dañando la institucionalidad. Similar postura expresó Andrés Jouanett (Amarillos), quien consideró la iniciativa “extemporánea” en pleno proceso electoral.
Desde la oposición también surgieron reparos. Andrés Celis (RN) acusó que se trata de una reforma “selectiva y oportunista”, mientras Henry Leal (UDI) sostuvo que corresponde aplicar la legislación vigente y que el Tricel debería excluir a Jadue de la carrera parlamentaria por tener suspendido su derecho a sufragio. En la misma línea, Cristián Araya (Republicanos) centró sus críticas directamente en la candidatura del exalcalde de Recoleta, calificando de “sinvergüenzura” la decisión del PC de mantenerlo en competencia.
Pese a la controversia, el proyecto de Araya aún debe sortear un complejo escenario legislativo, donde las críticas transversales hacen prever un bajo respaldo. (NP-GPT-Emol)
