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El lunes, el Gobierno chileno fue doblemente convocado al Congreso para dar explicaciones sobre los posibles recortes presupuestarios que se estarían evaluando para el año 2026 en áreas clave: programas de seguridad pública y los fondos asignados a gobiernos regionales, la mayoría liderados por la oposición.
La citación, impulsada por parlamentarios de oposición, se originó tras la filtración de una minuta preliminar del Gobierno que anticipaba estas disminuciones de recursos. A pesar de los esfuerzos del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por desmentir la minuta y asegurar un posible aumento en el financiamiento para seguridad, las oposiciones mantuvieron su alarma.
Este episodio marca el inicio de una batalla presupuestaria que se anticipa más compleja que en años anteriores, ya que coincidirá con la campaña presidencial. La discusión estará fuertemente politizada, especialmente porque las encuestas sugieren que el próximo gobierno podría estar en manos de la derecha. La oposición está intensificando su interés en influir en la asignación de recursos debido a la preocupación por el «hoyo fiscal» que heredará la próxima administración. El ministro Grau solo ha adelantado que el presupuesto 2026 «va a crecer menos que el de años anteriores».
Los comandos de los candidatos presidenciales de derecha, Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Republicanos), ya están activamente involucrados en la discusión a través de sus equipos económicos, coordinando estrategias con think tanks y bancadas parlamentarias. El principal objetivo de la oposición es asegurar que la Ley de Presupuesto 2026 incluya recortes significativos al gasto fiscal. Una comisión asesora del gasto público ya recomendó recortes por cerca de $2.000 millones.
La candidata Matthei ha propuesto recortes del gasto público por $2.000 millones anuales. Su equipo, liderado por Ignacio Briones, Juan Antonio Coloma y Gonzalo Sanhueza, busca que el presupuesto caiga al menos un punto en términos reales para asegurar la convergencia fiscal. Briones critica que el gobierno de Boric ha incumplido consistentemente sus metas de reducción del déficit estructural.
Por su parte, Kast ha prometido una reducción del gasto fiscal aún mayor ($6.000 millones en 18 meses) y su equipo, coordinado por Jorge Quiroz y Carmen Soza, se centrará en el debate presupuestario para dar luces sobre sus recortes, poniendo énfasis en evitar los «amarres de plata» para financiar activistas o las transferencias corrientes sin control que facilitan el clientelismo y la corrupción, aunque han descartado tocar programas de seguridad y salud (listas de espera). El Partido Comunista, en el oficialismo, ya ha advertido que no respaldará recortes que comprometan beneficios sociales o políticas públicas.
La oposición, a pesar de no haber actuado unida en discusiones previas sobre recortes, planea insistir en la necesidad de materializar disminuciones de gasto en el proyecto de ley para no destinar recursos a «programas que carecen de eficacia» en un escenario de estrechez fiscal. El Gobierno tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación 2026 al Congreso.
