admin
La comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagó el escándalo por el mal uso de licencias médicas en el sector público finalizó su trabajo, presentando un informe de consenso que detalla las vulnerabilidades sistémicas del régimen y propone medidas drásticas para su fiscalización. El informe será votado próximamente por la Sala de la Cámara.
La instancia parlamentaria se constituyó tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR), que reveló patrones de abuso como funcionarios públicos viajando al extranjero o asistiendo a casinos durante su reposo, e incluso médicos atendiendo en clínicas privadas mientras estaban con licencia.
FALLAS ESTRUCTURALES Y FRAUDE SISTÉMICO
Entre las conclusiones clave, la comisión estableció que el mal uso de licencias médicas «no se trata de casos aislados, sino de fallas estructurales que afectan al Estado de Chile» y constituyen «fraude». La comisión identificó que la persistencia de estas conductas se debe a una «falta de controles internos efectivos en las instituciones» y, crucialmente, a la falta de interoperabilidad del sistema.
Los legisladores destacaron que «no existe una plataforma única que permita el cruce de datos en tiempo real entre instituciones como la CGR, SUSESO, COMPIN, FONASA y las ISAPRES», lo que genera asimetría de la información y permite pagos sin previa verificación. También se identificaron incentivos perversos y problemas en la dimensión ético-profesional, como la emisión irregular de licencias y posibles redes de comercialización.
PRINCIPALES RECOMENDACIONES
El informe, fruto de tres meses de trabajo y audiencias con diversas autoridades, incluyendo la Contralora y la ministra de Defensa, incluye las siguientes propuestas principales:
Reforma Estructural del Régimen: Impulsar una reforma para homologar el tratamiento entre funcionarios públicos y trabajadores del sector privado, buscando uniformar los criterios de otorgamiento, control y fiscalización de las licencias y reducir las elevadas tasas de ausentismo en la administración pública.
Prohibición Expresa y Destitución: Introducir una prohibición expresa al uso fraudulento de licencias por parte de funcionarios públicos, estableciendo dicha conducta como causal de destitución por vulneración grave al principio de probidad administrativa.
Procedimientos Disciplinarios Expedidos: El diputado Miguel Ángel Becker (RN) señaló que el informe busca establecer que quien incurra en este delito tenga una sanción «rápida» y que las personas que evadieron responsabilidades y no devolvieron dinero al cambiar de institución pública también tengan responsabilidad.
Fortalecimiento de la Fiscalización: Incluir un conjunto de recomendaciones para fortalecer la fiscalización y actualizar proyectos de ley en trámite.
El diputado Héctor Ulloa (Ind-PPD) destacó el carácter de consenso del informe e instó a que las recomendaciones se «concreten en las políticas de Estado», enfatizando que «ya pasó el momento de los diagnósticos». (NP-Gemini-Emol)
