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La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, enfrenta una ola de críticas de parte de la oposición luego de que se denunciara una supuesta negligencia del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en el caso de Nabila Rifo.
Según un reportaje de Radio Biobío, Mauricio Ortega —condenado por la brutal agresión contra Rifo— habría obtenido su libertad condicional debido a un presunto abandono judicial del SernamEG. El medio informó que, tras la salida de la abogada que representaba a la víctima, Beatriz Ramírez, el organismo no reasignó un nuevo profesional para su defensa, lo que dejó a Rifo sin representación legal durante la audiencia que permitió la liberación de su agresor.
El hecho provocó una dura reacción de parlamentarios de oposición, quienes responsabilizan políticamente a la ministra Orellana y solicitan su salida del gabinete. Desde la bancada de Renovación Nacional (RN), diputados enviaron una carta al presidente Gabriel Boric exigiendo “la salida inmediata” de la ministra y de la directora nacional del SernamEG, argumentando que es necesario “restablecer la confianza pública en instituciones que deben ser ejemplo de coherencia, empatía y compromiso con las mujeres de Chile”.
En el documento, los legisladores cuestionaron la falta de autocrítica de la secretaria de Estado y afirmaron que “la promesa de un gobierno feminista está, ciertamente, del todo desahuciada”. Además, acusaron que los principios proclamados por la actual administración —protección, autonomía y dignidad de las mujeres— “han quedado reducidos a un mero eslogan político, sin acciones coherentes ni consistentes con dicha promesa”.
Las diputadas del Partido Republicano, Sofía Cid y Catalina del Real, también se sumaron a las críticas. Cid señaló que “cuando el Estado actúa con improvisación y amateurismo, las consecuencias pueden costar vidas”, agregando que “este gobierno que se dice feminista terminó dejando en libertad por negligencia al agresor de Nabila Rifo”. Asimismo, anunció un proyecto para impedir la libertad condicional a delincuentes peligrosos.
Del Real, por su parte, afirmó que “la liberación de un agresor, con las circunstancias que hemos visto, representa un fracaso sistemático del Estado en garantizar la seguridad de las mujeres”, y sostuvo que es “fundamental que se asuman responsabilidades desde las más altas autoridades para evitar que estos errores se repitan”.
Hasta el momento, desde el Ministerio de la Mujer no se han emitido nuevas declaraciones públicas respecto de las acusaciones. (NP-Perplexity-Emol-Bio Bio)
