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Por Álvaro Ramis
La ley Nain-Retamal se aprobó en un contexto de alta presión política y emocional. Sin embargo, el paso del tiempo ha permitido constatar que sus consecuencias son mucho más profundas y problemáticas de lo que se quiso admitir durante su tramitación. En particular, la consagración de una legítima defensa prioritaria para el uso de la fuerza policial ha alterado de manera significativa el equilibrio entre seguridad pública, derechos fundamentales y control democrático del poder coercitivo del Estado.
Precisamente por la gravedad de estos efectos, resulta indispensable abrir una auditoría política a su tramitación legislativa. No se trata de un ejercicio retrospectivo estéril ni de una caza de culpables, sino de un proceso de transparencia y rendición de cuentas que permita a la ciudadanía comprender cómo, por qué y con qué argumentos se adoptaron decisiones que hoy están teniendo impactos estructurales en el sistema penal y en la relación entre civiles y fuerzas policiales.
La discusión pública no puede reducirse a disputas tácticas entre partidos ni a la necesidad de “cuidar” a la coalición oficialista. Cuando una ley introduce asimetrías tan marcadas en el procesamiento penal —otorgando a agentes del Estado un estándar privilegiado para justificar el uso de la fuerza— lo que está en juego no es la estabilidad interna de un bloque político, sino la igualdad ante la ley y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La política no puede encerrarse en el cálculo de costos internos cuando los efectos recaen sobre el conjunto de la sociedad.
Una auditoría política implica, en primer lugar, clarificar responsabilidades. Ello incluye a todos los parlamentarios en ejercicio que votaron a favor o facilitaron la aprobación de la norma, así como al Ejecutivo, que tuvo un rol activo en su impulso y promulgación. El accountability legislativo no es un castigo moral, sino una condición básica de la democracia representativa: quienes legislan deben hacerse cargo de las consecuencias previsibles e imprevisibles de sus decisiones, especialmente cuando estas afectan derechos fundamentales.
En segundo lugar, este proceso debe incorporar una mirada ciudadana, más allá del lenguaje técnico-jurídico. La ley Nain-Retamal no es solo un texto normativo; es una señal política que redefine los límites del uso legítimo de la fuerza y las posibilidades de control judicial. Por ello, la evaluación de su tramitación debe considerar las advertencias que fueron desoídas, las alternativas que se descartaron y las razones por las cuales se optó por un diseño que hoy muestra severas tensiones con estándares democráticos y de derechos humanos.
Finalmente, una auditoría política honesta abre la puerta a la corrección democrática. Reconocer errores, déficits deliberativos o apresuramientos no debilita a la política; por el contrario, la fortalece. Persistir en el silencio o en la defensa cerrada por razones de conveniencia coyuntural solo profundiza la distancia entre ciudadanía e instituciones.
La ley Nain-Retamal exige más que explicaciones defensivas. Exige un ejercicio público de responsabilidad política, a la altura de sus consecuencias. Sin transparencia, sin clarificación de responsabilidades y sin un verdadero proceso de rendición de cuentas, el costo no lo pagarán los partidos ni los gobiernos de turno, sino la legitimidad misma del Estado de derecho.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 14 de enero 2026
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