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El Presidente electo, José Antonio Kast, expresó anoche su respaldo al proyecto, presentado en el Senado, que conmutaría las penas de presidio a autores de graves delitos, incluyendo a responsables de crímenes de lesa humanidad sobre la base de condiciones de edad o salud. La iniciativa, dijo, está enfocada “en temas humanitarios”.
Antes de abordar el avión que lo trasladaría hasta Estados Unidos, para un encuentro que ha sido convocado por Donald Trump, Kast fue consultado sobre si estaba de acuerdo con el proyecto. Resaltó, primero, que el asunto “está radicado en el Congreso”, pero que “es un tema de humanidad“.
“Las condenas hay que cumplirlas. Esto no es un indulto, no es una liberación. Es un cumplimiento alternativo de condenas (…) Apunto a lo que hace bastante tiempo atrás dijo, incluso, el padre Frenando Montes: que las condenas se tienen que cumplir respetando la humanidad“, señaló.
Kast insistió en que el proyecto de ley se encuentra en tramitación y que se le podrían aplicar indicaciones, las que “habrá que resolverlas una a una“, aunque reiteró que “esto es un cumplimiento alternativo de penas, no es un indulto ni una liberación masiva de personas”.
En los hechos, la iniciativa legal permitiría que salieran de presidio condenados por delitos de lesa humanidad, como Miguel Krassnoff o Raúl Iturriaga, además de autores de graves delitos, como “La Quintrala”, el “psicópata de Alto Hospicio”, o el asesino de Ámbar Cornejo.
“Esto es algo que se ha planteado en distintas oportunidades, de cómo se cumplen las condenas cuando uno está en un grado de enfermedad terminal. Eso es humanitario“, dijo Kast, a la vez que citó al exjuez español Baltasar Garzón, que instruyó la causa en contra de Augusto Pinochet que terminó con la detención del dictador en Londres.
Indicó que Garzón señaló que “nadie merece morir en la cárcel”. Y agregó: “Eso dijo un juez que no es ideológicamente de mi sector. Invitaría a todos los chilenos a reflexionar”.
Para el Presidente electo, el proyecto está “enfocado en temas humanitarios” y el debate debe darse en el Congreso. “Una vez que el Congreso resuelva, el Ejecutivo tiene que tomar una resolución”, concluyó.
Santiago, 6 de marzo de 2026.
Crónica Digital.
