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Tras meses de negociaciones, las conversaciones entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y los propietarios del terreno en la toma del cerro Centinela de San Antonio han terminado sin acuerdo. La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A. anunció el fracaso de las gestiones y solicitó a la justicia la ejecución definitiva de la orden de desalojo, un proceso que afectaría a más de 10 mil personas.
MOTIVOS DEL QUIEBRE
Los dueños del terreno, representados por Ricardo Posada y Esteban Solari, justificaron su decisión en la falta de avances concretos. Argumentaron que no se les presentó información fidedigna sobre los posibles compradores, ni se ofrecieron detalles sobre la fuente de financiamiento o una garantía financiera para la operación.
Si bien la inmobiliaria afirmó haber rebajado su precio de venta de 0.4 UF a 0.21 UF por metro cuadrado, el MINVU calificó la rebaja como «simbólica» y reiteró que el valor ofrecido por los dueños triplicaba la tasación técnica del ministerio, lo que hacía inviable cualquier acuerdo de financiamiento.
POSICIÓN DEL GOBIERNO
El MINVU, liderado por el ministro Carlos Montes, criticó la postura «adversarial» de los propietarios, que habrían abordado la negociación «como una compraventa más», sin considerar las circunstancias sociales del caso. El ministerio había trabajado con BancoEstado para encontrar un mecanismo de financiamiento, pero la diferencia de precios impidió un acuerdo.
El fracaso de la mesa de negociación, tras 17 sesiones de trabajo, ha generado preocupación en La Moneda, que monitorea el proceso ante la inminente imagen de un desalojo masivo. El ministro Montes había insistido en que su objetivo era evitar un desalojo, señalando que el principal obstáculo siempre fue el precio del terreno. (NP-Gemini-La Tercera)
