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Por Álvaro Ramis
En el debate público suele escucharse que la migración es un problema difícil de gestionar. Que hay “presión sobre servicios públicos”, “competencia por empleos” o “riesgos para la seguridad”. Pero cuando miramos los datos empíricos —no los mitos—, se revela otra historia: las personas migrantes son una contribución neta al desarrollo económico y social de Chile, y regularizar su situación es no solo justo, sino inteligente.
Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), los migrantes venezolanos en Chile muestran una alta integración laboral con una tasa de empleo del 89 %, muy por encima del promedio regional, lo que se traduce en contribuciones fiscales claras al país. En 2022, aportaron 409,7 millones de dólares en impuestos, lo que representó 1,03 % de la recaudación fiscal total de Chile y 0,15 % del PIB chileno.
Pero el impacto no se limita a los impuestos. El consumo de los hogares venezolanos se estima en 2 400 millones de dólares al año, dinamizando sectores clave como vivienda, alimentación y servicios en el mercado interno.
Es importante poner esto en contexto regional: en América Latina y el Caribe, la migración venezolana aportó más de 10 600 millones de dólares anuales en consumo y más de 1 800 millones en tasas e impuestos, subrayando que la contribución económica de esta migración es material y sostenida.
Estos números hablan de una realidad concreta: no son cargas, son motores de crecimiento. Pero lo que vemos hoy es solo una parte del potencial. Un estudio de la OIM sostiene que si Chile redujera las barreras a la formación de empleo formal y acelerara la regularización migratoria, el aporte fiscal de los migrantes venezolanos podría subir de 409,7 millones a más de 510 millones de dólares al año, es decir, un incremento de casi 25 % en contribuciones a las arcas públicas.
¿Por qué importa esto? Porque hoy muchos migrantes —aún trabajando, consumiendo y pagando impuestos— siguen en la informalidad, lo que limita su acceso a derechos laborales plenos, impide el reconocimiento de títulos profesionales y reduce la captación de impuestos que podrían financiar pensiones, salud y educación. Regularizar su estatus no es ceder, es recuperar recursos fiscales, cerrar brechas sociales y fortalecer la cohesión nacional.
Además, estas cifras rebatirían de forma contundente la narrativa de que migración es un gasto neto para el Estado. En Chile, los datos muestran que los migrantes no solo contribuyen más de lo que reciben en beneficios sociales, sino que, en muchos casos, su sostenibilidad fiscal es mayor que la de la población nativa, según estimaciones del Banco Mundial.
Regularizar, entonces, no es una generosidad sin retorno: es una política pública que maximiza beneficios, reduce costos de la informalidad y fortalece la economía nacional. Cuando damos herramientas a la gente para trabajar formalmente, para abrir cuentas bancarias, para invertir o consumir con seguridad jurídica, estamos activando recursos económicos que hoy quedan en la sombra.
La migración no va a desaparecer: Chile es parte de una región movida por desigualdades globales y por aspiraciones legítimas de mejores oportunidades. La pregunta para los tomadores de decisiones ya no debería ser “¿cómo frenamos la migración?” sino “¿cómo la regularizamos y potenciamos sus efectos positivos para todos?” Los números —y la justicia— están de ese lado.
Álvaro Ramis es Rector de la Universidad de Humanismo Cristiano de Chile.
Santiago de Chile, 2 de enero 2026
Crónica Digital
