admin
Por Marcel Garcés Muñoz
El compromiso delictual de efectivos de la Fuerza Aérea, del Ejército, que cumplen funciones de la Defensa Nacional del país, en el tráfico de droga y la pretensión de ocultar, dilatar los hechos de la causa, y mantenerlos en un ámbito de impunidad, pretendiendo que se trata de un tema de la Justicia institucional, ajeno a su investigación por los tribunales normales de la República, y al conocimiento de la opinión ciudadana, es un grave atentado al orden democrático.
No existe en el espíritu y la letra de la Ley, de la Constitución, ningún artilugio, trampa jurídica que permita excluir- y mucho menos eximir, a personas o sector institucional, social, o de poder de su responsabilidad criminal sobre delitos como el narcotráfico, las diversas formas del crimen organizado, la trata de blancas, el contrabando, el genocidio, el terrorismo.
Y cuando se trata de instituciones denominadas “tutelaras” de la seguridad, la defensa de la Patria, la defensa de la soberanía nacional y la institucionalidad democrática, detentadores de las armas que según se proclama, garantizan la vida, el orden, la estabilidad, no se concibe que algunos pretendan asumir deberes mesiánicos, ni derechos por sobre los que el conjunto de los ciudadanos, les entregan.
Esta tiene que ver con la “defensa” estridente y apresurada, supuestamente legalista, pero sobre todo “corporativa”, o sea “cómplice”, en busca de la impunidad inmediata, del olvido histórico de los hechos objetivos de corrupción de elementos de la FACH y del Ejército, en un verdadero “corredor” aéreo y terrestre del narcotráfico, promovido y protegido por personal institucional destinado a las fronteras más sensibles del país -es decir unidades de selección con misiones estratégicas de seguridad nacional, y defensa de la comunidad nacional.
Y al respecto, algunos medios, “catedráticos”, políticos que intentan eludir la verdadera gravedad, peligrosidad y consecuencias de los hechos, han puesto el grito en el cielo, ante la demanda del Presidente Gabriel Boric de que este delito contra la Seguridad Nacional, contra el orden público, contra la salud de la población, y en beneficio del narcotráfico internacional y nacional sea efectivamente enfrentado por la justicia y los organismos policiales especializados, enfrentando la ofensiva “institucional” de facciones de la Derecha política y económica, y del poder castrenses, hayan intentado, tender una cortina de impunidad sobre uno de los peores escándalo del momento.
Pretender mantener que casos como los de funcionarios de la FACH y militares de Colchane- en los casos presentes, no se ventilen ante la ciudadanía sino que mantenerlos en los vericuetos de una justicia ad hoc y el secreto de los tribunales institucionales, aduciendo de que se trata de algo ocurrido en las penumbras de una base aérea y estarían bajo la condición de secreto militar en un cuartel del ejércitos, o vehículos y aviones institucionales, no solo es impresentables, sino que cómplice.
Y revela además la carencia de una política práctica de prevención, una tarea de inteligencia activa, de seguridad interna de instituciones sensibles a presiones externas y de poder ser objetivo de tentaciones mafiosas de corrupción, o claramente de delincuencia, como el caso del narcotráfico internacional.
Esto ha sido advertido desde hace décadas por organismos internacionales, y no haber adoptado medidas preventivas eficaces contra el fenómeno de la penetración de las mafias en las instituciones de la Defensa Nacional o del Estado ha sido, por lo menos, irresponsable.
Pero también quizás siguiendo viejas prácticas de la “guerra sucia” de la Doctrina de la Seguridad Nacional, instalada en la práctica de los viejos mandos de los servicios de seguridad locales por el Pentágono y Washington, (en la época previa y en los tiempos de la dictadura de Pinochet, claro).
Sabido es que la DINA, la dictadura de Pinochet y la derecha política y económica que lo instaló en el poder, con el poder, el dinero, los cómplices y las armas del Pentágono, la CIA y la Casa Blanca, utilizó el narcotráfico para financiar operaciones encubiertas, atentados, espionaje, persecusiones, asesinatos, secuestros y asesinatos de chilenos. (No hemos olvidado la Operación Cóndor.)
Está bien que en las institucionales castrenses se hable , ahora, – y se difunda a través de algunos medios de comunicación a su servicio, de “traición a la Patria””, por parte de quienes aparecen comprometidos en estos delitos evidentes.
No podemos aceptar un alegato hipócrita que pretenda oculta la irresponsabilidad institucional e incluso del Estado en los graves hechos que han sido develados.
Es cierto que el honor, la moral, la credibilidad de las instituciones, han sido mancillados.
Pero hay que ir más a fondo en la búsqueda de responsabilidades. El modelo de sociedad generada por el modelo económico, político y social, no está permitiendo un desarrollo humano y de principios, valores humanos de solidaridad, de humanidad, de justicia, de esperanzas.
La ética no aparece en los valores del día a día de la sociedad.
Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 17 de julio 2025
Crónica Digital
