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La Fiscalía Regional de Antofagasta anunció este viernes el cierre definitivo de la investigación por la causa unificada del llamado «caso convenios» y presentó la acusación formal contra los siete imputados en la arista principal, que involucra a la Fundación Democracia Viva. Entre los acusados se encuentra la desaforada diputada Catalina Pérez, para quien la Fiscalía solicita una pena de 10 años de cárcel.
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, confirmó que se cumplieron todas las diligencias solicitadas tras una breve reapertura de la indagatoria requerida por la defensa de Daniel Andrade, uno de los acusados, procediendo así al cierre de la investigación.
Bekios detalló que la acusación mantiene la misma calificación jurídica y solicitud de penas que la presentada originalmente. «Se acusa por los mismos delitos de fraude al fisco reiterado en las cuatro aristas, y también hay delito de lavado de activo», precisó el persecutor, añadiendo que la única modificación fue la incorporación de nuevos antecedentes a la carpeta investigativa a solicitud de una de las defensas.
La compleja causa incluye la investigación de convenios firmados por el Estado con cuatro fundaciones: Democracia Viva, por $426 millones; Fibra, por $430 millones; Fusupo, por $284 millones; y TomArte, por $456 millones. Debido al alto volumen de la investigación, que cuenta con siete imputados y diversos medios de prueba como documentos, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos, el fiscal Bekios adelantó que el juicio oral podría extenderse por varios meses.
Tras la presentación de esta acusación formal, el próximo paso será que el Juzgado de Garantía de Antofagasta fije la fecha para la audiencia de preparación del juicio oral, instancia que precede al inicio del juicio en el Tribunal Oral en lo Penal. (NP-Geini-Cooperativa)
