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Por Daniel Jadue
Este martes 9 de septiembre, la Comisión de Salud del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula la eutanasia en Chile. La iniciativa, que fue respaldada por tres votos contra dos, establece el derecho de una persona a solicitar asistencia médica para poner fin a su vida en casos de enfermedad terminal e incurable. Aunque el debate se presenta como una conquista del «derecho individual», lo cierto es que este tipo de legislación no puede ser comprendida al margen del contexto económico y social donde se inserta.
En un país donde el acceso a una salud pública digna, gratuita y oportuna sigue siendo una quimera para millones de personas, la consagración legal del derecho a morir plantea preguntas incómodas: ¿es verdaderamente una elección libre cuando el vivir se ha vuelto insoportable por la pobreza, la soledad y el abandono institucional? ¿Es un avance ético o una resignación política frente a la incapacidad del Estado burgués de garantizar una vida digna hasta el último suspiro?
El proyecto aprobado agrupa cuatro mociones parlamentarias previas, más indicaciones del Ejecutivo, y contempla la creación de un Comité de Garantía y Evaluación, encargado de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos, bajo criterios «médicos y científicos». Como en tantos otros temas, se recurre al lenguaje tecnocrático para legitimar decisiones profundamente políticas, trasladando el problema de fondo, la calidad de vida de los sectores precarizados, a un marco regulatorio que hace invisible la raíz estructural del sufrimiento.
Por supuesto, las resistencias vinieron del sector más conservador del bloque en el poder. Los senadores Francisco Chahuán (RN) y Sergio Gahona (UDI) votaron en contra, en nombre de la defensa de «la vida», ese concepto abstracto que tanto les gusta invocar cuando se trata de mantener el control sobre los cuerpos ajenos, pero que olvidan cuando se discute presupuesto para salud, pensiones o vivienda. La hipocresía es norma en la moral burguesa.
Desde una perspectiva marxista, este tipo de legislación forma parte de lo que Michel Foucault llamó «biopolítica»: la gestión estatal de los cuerpos y de la vida, bajo criterios de utilidad, eficiencia y control. El derecho a morir, bajo el capitalismo, no puede separarse del modo en que se administran también el trabajo, la enfermedad y la vejez. Es un gesto de libertad que se ejerce dentro de un sistema que niega sistemáticamente otras libertades más básicas, como alimentarse, curarse o jubilar con dignidad.
Las encuestas, como la de Pulso Ciudadano, que mostró un 70,9% de apoyo a la eutanasia, revelan una paradoja profunda: el pueblo chileno apoya el derecho a morir con dignidad, tal vez porque el sistema le ha negado la posibilidad de vivir con ella. Esa es la tragedia encubierta en estos discursos progresistas: se nos ofrece morir con garantías, pero se nos niega el pan, el abrigo y la salud sin humillación.
En definitiva, el avance del proyecto de eutanasia puede verse como una victoria desde el punto de vista liberal, pero sigue siendo una respuesta insuficiente si no se acompaña de una transformación estructural del sistema de salud, del cuidado y del trabajo. Sin eso, seguirá siendo más fácil acceder a una muerte asistida que a una vida justa.
Por Daniel Jadue
Santiago de Chile, 9 de septiembre 2025
Crónica Digital
